- El análisis de las recientes órdenes de cierre de Internet en India indica que las autoridades se extralimitan con frecuencia en sus competencias, emitiendo suspensiones generales que no se ajustan a los requisitos legales.
- Toda orden de paralización en India debe atenerse a los procedimientos y salvaguardias prescritos, emitirse por escrito con motivos claramente registrados, y especificar la duración y el modo de ejecución.
- El creciente uso indebido de los poderes de cierre de Internet pone de manifiesto la urgente necesidad de una aplicación más estricta de las salvaguardias legales.
La suspensión de los servicios de Internet en India se ha convertido en una cuestión recurrente, a menudo impuesta con el pretexto de mantener el orden público y la seguridad.
El marco jurídico que rige los cortes de Internet se estableció inicialmente en virtud de las Normas de Suspensión Tempor al de los Servicios de Telecomunicaciones (Emergencia Pública o Seguridad Pública) de 2017, y ahora se rige por las Normas de Suspensión Temporal de los Servicios de Telecomunicaciones de 2024 (Normas de 2024), que entraron en vigor el 22 de noviembre de 2024 en virtud de la Ley de Telecomunicaciones de 2023. El marco establece los criterios específicos que deben cumplirse antes de que puedan adoptarse estas medidas extremas.
Sin embargo, un análisis de las recientes órdenes de cierre de Internet indica que las autoridades se exceden con frecuencia en sus competencias, emitiendo suspensiones generales que no se ajustan a los requisitos legales de necesidad, proporcionalidad y justificación razonada.
El Marco Jurídico: Condiciones para el cierre de Internet
El cierre de Internet puede ser impuesto por el Gobierno Central, el Gobierno Estatal o un funcionario especialmente autorizado por cualquiera de ellos, en condiciones específicas. Entre ellas se incluye cualquier emergencia pública o consideraciones relacionadas con la seguridad pública. Además, pueden decretarse cierres si se consideran necesarios o convenientes en interés de la soberanía y la integridad de India, la defensa y la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público o para impedir la incitación a la comisión de cualquier delito.
Toda orden de suspensión debe atenerse a los procedimientos y salvaguardias prescritos, emitirse por escrito con motivos claramente registrados, y especificar la duración y el modo de ejecución. Además, la orden debe incluir detalles esenciales como la fecha, la hora y el área específica afectada por la suspensión. Como señala la Ley de Telecomunicaciones de 2023, las disposiciones reguladoras garantizan que dichas órdenes no se impongan arbitrariamente. Sin embargo, a pesar de estos requisitos legales, muchas suspensiones de Internet impuestas por el gobierno siguen incumpliendo las normas prescritas.
Incumplimiento de los requisitos legales
El examen de las órdenes de cierre emitidas en varios estados pone de manifiesto una inquietante pauta de incumplimiento de los mandatos legales. Por ejemplo, dos órdenes de cierre de Internet emitidas en Manipur los días 8 y 23 de noviembre de 2023 se basaban en una justificación genérica, que afirmaba:
“Existe el temor de que algunos elementos antisociales utilicen ampliamente las redes sociales para transmitir imágenes, discursos de odio y mensajes de vídeo que inciten a las pasiones del público, lo que podría tener graves repercusiones para la situación de la ley y el orden en el estado de Manipur.”
Sólo se ha hecho público un número limitado de las numerosas órdenes de cierre de Internet emitidas, muchas de ellas reveladas únicamente gracias a nuestras solicitudes presentadas en virtud de la Ley RTI. Estas órdenes públicamente disponibles, como muchas otras emitidas en estados como Jammu y Cachemira, Haryana, Rajastán, Punjab y Odisha, carecen de un razonamiento específico o de pruebas que justifiquen la necesidad de un cierre de Internet. En cambio, a menudo se basan en vagas aprensiones, que no alcanzan el elevado umbral establecido por la ley y reiterado por los precedentes judiciales.
Además, los datos registrados por SFLC.in indican que casi todos los estados mencionados han seguido una tendencia similar: emitir órdenes de cierre basadas en declaraciones genéricas sin justificación sustantiva. Esta práctica suscita serias preocupaciones sobre la transparencia, la responsabilidad y el posible uso indebido.
Extralimitación de poderes: El caso de Bihar
Un análisis de las órdenes de cierre de Internet del estado de Bihar muestra un patrón aún más preocupante. Aparte de las deficiencias mencionadas anteriormente, la orden de cierre del 27 de marzo de 2023, entre otras varias órdenes, excede los poderes otorgados por las Normas 2024 al suspender los servicios de Internet y bloquear sitios web y aplicaciones móviles. Y lo que es más alarmante, estas órdenes carecen de la debida aplicación mental, ya que bloquean aplicaciones como Google+, Viber y WeChat, plataformas que ya no existen en India.
Aparte de mostrar el incumplimiento de las normas legales, tales acciones exceden el alcance permisible de las órdenes de cierre y demuestran un aparente desprecio por los principios de necesidad y proporcionalidad. El bloqueo de aplicaciones obsoletas o no operativas ilustra la naturaleza arbitraria de estas órdenes, planteando cuestiones críticas sobre si se emiten con la debida diligencia o simplemente como un ejercicio administrativo rutinario sin un escrutinio significativo.
Implicaciones para los Derechos Fundamentales
La ausencia de una justificación clara, específica y jurídicamente sólida en estas órdenes socava directamente los principios consagrados en la Constitución india. El artículo 19(1)(a) garantiza el derecho a la libertad de palabra y de expresión, que incluye el derecho de acceso a la información. Cualquier restricción de este derecho fundamental debe ser razonable, necesaria y proporcionada, como estableció el Tribunal Supremo en la sentencia Anuradha Bhasin v. Unión de la India, 2020 SCC OnLine SC 25. El Tribunal subrayó que:
“La suspensión indefinida de los servicios de Internet es inadmisible. Las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas”.
La emisión continuada de órdenes de cierre vagas y arbitrarias contradice directamente esta directiva judicial. Al imponer tales restricciones sin un razonamiento adecuado, las autoridades están violando los derechos constitucionales y sentando un peligroso precedente para el uso incontrolado del poder ejecutivo.
El camino a seguir
Deben tomarse las siguientes medidas para frenar el uso indebido de los poderes de desconexión de Internet:
- Cumplimiento estricto de los requisitos legales: Las autoridades deben asegurarse de que todas las órdenes de cierre de Internet cumplen los criterios establecidos en las Normas y están respaldadas por razones específicas y documentadas. Además, deben asegurarse de que los cierres de Internet se impongan estrictamente según las condiciones detalladas en la Orden de Cierre.
- Supervisión judicial y administrativa: Deben establecerse mecanismos de revisión independientes para examinar las órdenes de cierre antes de que se ejecuten, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales y las medidas que deben establecerse contra los Administradores de Distrito que no cumplan las normas recién prescritas.
- Transparencia y rendición de cuentas: El gobierno debe hacer accesibles al público todas las órdenes de cierre, preferiblemente en el sitio web del Ministerio del Interior de cada Estado, proporcionando explicaciones claras sobre la suspensión de los servicios en la lengua regional.
- Revisión periódica de las órdenes de cierre: Las órdenes deben estar limitadas en el tiempo y revisarse periódicamente para evitar prórrogas innecesarias.
El creciente uso indebido de los poderes de suspensión de Internet, como demuestran las órdenes arbitrarias emitidas en múltiples estados, pone de manifiesto la urgente necesidad de una aplicación más estricta de las salvaguardias legales. La ley establece que las suspensiones de Internet deben ser razonables y proporcionadas y utilizarse sólo como último recurso. Sin embargo, la práctica imperante de emitir órdenes de cierre vagas y arrolladoras viola los derechos constitucionales y sienta un peligroso precedente de extralimitación ejecutiva.
A menos que se apliquen medidas correctoras, la erosión de las libertades fundamentales continuará, socavando los principios mismos de la democracia y el Estado de derecho en India.
Sigue las interrupciones de Internet y los bloqueos de servicios que se produzcan en India mediante el Rastreador de Interrupciones de Internet Pulse.
Esta historia es una adaptación de la historia original que apareció por primera vez en el Blog de SFLC.
SFLC.in es una organización de servicios jurídicos apoyada por donantes que ha unido a abogados, analistas políticos, tecnólogos, profesionales empresariales, estudiantes y ciudadanos para proteger la libertad en el mundo digital desde 2010. Uno de sus proyectos hace un seguimiento de los casos de desconexión de Internet en toda India , en un intento de llamar la atención sobre la preocupante tendencia a desconectar el acceso a los servicios de Internet, por motivos que van desde frenar disturbios hasta impedir que se copie en un examen.
Foto de Nilotpal Kalita en Unsplash