Si nuestro gobierno intenta hacer algo ilegal o inconstitucional, los individuos, las organizaciones y las empresas pueden negarse a cumplirlo y llevarlo a los tribunales. Por tanto, aunque el gobierno intentara decretar un cierre de Internet, los operadores de redes locales tendrían la libertad de negarse e impugnar la orden por motivos constitucionales. No todo el mundo tiene esta libertad.
Aunque la oposición de las organizaciones activistas a los cortes injustificados de Internet y la defensa de los derechos humanos son esenciales, también hay que tener en cuenta la realidad sobre el terreno. Además de la amenaza de perder su licencia y de provocar potencialmente que los ciudadanos estén desconectados de Internet aún más tiempo, existen peligros reales para el personal que opera en esas zonas. Está muy bien decir que las telecos deben resistirse a gobiernos draconianos, pero es importante recordar que las empresas están formadas por personas. Negarse a cumplir una orden gubernamental de cierre de Internet significa poner a los empleados en peligro. Significa pedirles que se arriesguen a ser detenidos o incluso a morir.
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