El derecho humano a Internet no ha impedido los cierres de la red. Es hora de llevarlo a los tribunales

Promover el acceso a Internet como un derecho humano es una forma popular de enmarcar los espacios digitales como esenciales para una vida digna. Se ha convertido en el grito de guerra de quienes luchan contra los Estados que interrumpen o cierran intencionadamente el acceso a Internet para mantener y ejercer el poder durante los disturbios civiles.

La desafortunada realidad es que el reconocimiento formal del acceso a Internet como un derecho humano, incluso por parte de influyentes organizaciones de derechos humanos, es insuficiente para incentivar un cambio de comportamiento. Lo hemos comprobado tras varias resoluciones de la ONU que reconocen tal derecho, que no han tenido ningún efecto en la aplicación, frecuencia o duración de los cortes de Internet sancionados por el Estado.

El uso gubernamental de esta táctica represiva ha crecido exponencialmente y no muestra signos de ralentización -con algunos cierres que duran años-, lo que ha provocado efectos devastadores en la democracia, el activismo político y las economías regionales.

Una forma más procesable, práctica y eficaz de garantizar el acceso a Internet y disuadir a los Estados de promulgar cierres ha quedado involuntariamente oscurecida por la popularidad de exigir un mayor reconocimiento del derecho humano a Internet: es hora de emprender acciones legales contra estos Estados por violar derechos humanos ya establecidos.

En primer lugar, este enfoque crea una expectativa legal tangible de que los Estados cesen los cierres o se arriesguen a que los órganos de supervisión de los derechos humanos los hagan cumplir. Esto elimina la ambigüedad de las resoluciones no vinculantes existentes que condenan los cierres de Internet al codificarlos como una violación de los derechos humanos legalmente reconocida.

En segundo lugar, un caso exitoso puede dar lugar a sanciones contra el Estado infractor, incentivando aún más el cambio de comportamiento del Estado y estableciendo recursos para las víctimas.

En tercer lugar, establece un precedente generalizado para aplicar la legislación de derechos humanos ya establecida a las nuevas violaciones basadas en la tecnología. Esto es cada vez más importante, ya que el uso gubernamental de tecnologías biométricas, de vigilancia y que violan la autonomía puede poner en tela de juicio las nociones tradicionales de cómo se pueden violar los derechos humanos.

Ahora es un momento especialmente propicio para presentar demandas legales contra los Estados que sancionan los cierres. La pandemia del COVID-19 aceleró significativamente el discurso institucional sobre los cierres de Internet como violación de los derechos humanos y, lo que es más importante, como violación del derecho inderogable a la vida.

Esta nueva consideración de que los cierres de Internet pueden violar un derecho inderogable proporciona una vía sin precedentes para emprender acciones legales impactantes contra los Estados que aplican cierres. Es significativamente ventajosa en comparación con las teorías jurídicas históricamente disponibles para responsabilizar a los Estados de los cierres.

Durante toda una década anterior al COVID-19, los cierres de Internet se consideraron una violación de los derechos humanos, pero únicamente de las libertades de expresión y reunión. Tanto la libertad de expresión como la libertad de reunión son derechos absolutos, lo que significa que pueden limitarse proporcionalmente en circunstancias extremas como emergencias nacionales o guerras. Esta puede ser la razón por la que ha habido tan pocas demandas legales relacionadas con los cierres de Internet y por la que han tenido éxitos desiguales: Los Estados casi siempre inician los cierres de Internet invocando leyes de guerra, declarando una emergencia nacional o afirmando que el cierre es proporcional a peligros que el Estado afirma que son inminentes. Por lo tanto, determinar cuáles o cuándo los cierres han dado lugar a violaciones que un tribunal de derechos humanos pueda reconocer como tales ha sido históricamente una apuesta, tanto por si tendría éxito como por el precedente jurídico que los casos puedan sentar.

Por ejemplo, un caso relativo a los cierres de Internet en Togo consiguió que los tribunales reconocieran que un cierre de Internet violaba el derecho humano a la libertad de expresión. Sin embargo, el caso tiene un impacto limitado. Aunque el Tribunal reconoció la violación, afirmó que el cierre fue desproporcionado, no directamente inadmisible. Aunque en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos relativas a los derechos absolutos, resultados como éste solidifican la justificabilidad de que los Estados decreten cierres de Internet ahora y en el futuro. En pocas palabras, casos como éste no disuaden de que se produzcan cierres de Internet. Sólo presionan a los Estados para que justifiquen la magnitud de los cierres que promulgan.

En cambio, el derecho a la vida no permite tales excepciones. El derecho a la vida es un derecho inderogable que no puede ser violado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera temporalmente o en situaciones extremas. Jurídicamente, esto inhibe de forma significativa la capacidad de un Estado para defender el cierre. Si la acción viola el derecho inderogable a la vida, un Estado no puede justificar el cierre como legal en su proporcionalidad. La demanda con más probabilidades de prosperar en los tribunales sería una demanda directa que demostrara que la interrupción de Internet por parte del Estado impidió directamente que una víctima obtuviera atención médica inmediata para salvar su vida, con la consiguiente pérdida de la misma.

Para ser claros, el daño identificado en un caso propuesto no tiene por qué ser específico de COVID-19. Un ejemplo pre-COVID de un caso óptimo sería el caso real de una mujer pakistaní embarazada que perdió a su hijo por no poder comunicarse con los médicos durante un cierre de Internet. Lo que ocurre es que la pandemia cambió la conversación sobre qué derechos puede violar un cierre de Internet, creando así una nueva vía para las denuncias contra los Estados que sancionan el cierre. Una queja de este tipo puede apuntar ahora a varias declaraciones de organizaciones intergubernamentales que indican los peligros para la vida que supone un cierre de Internet, incluso -o especialmente- durante una emergencia nacional. Estos recursos no existían antes.

El acceso constante y abierto a Internet es vital, pero sin presiones judiciales que incentiven el cambio de comportamiento, este reconocimiento es ineficaz. Adoptar un enfoque más procesable y legalista presentando estratégicamente demandas de derechos humanos basadas en el cierre ante los tribunales de supervisión de los derechos humanos es una vía más eficaz para garantizar que Internet "siga encendido" cuando más lo necesitamos.

Para más información sobre este tema, lea Unnuevo derecho es la táctica equivocada: emprender acciones legales contra los Estados por el cierre de Internet en lugar de trabajar por un derecho humano a Internet (2ª parte).

Jay T. Conrad es abogado, asesor político y jurista especializado en política pública tecnológica. Recientemente ha obtenido su máster en Derecho y Política Tecnológica por el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde trabajó como secretario en el Senado de los Estados Unidos.

Las opiniones expresadas por los autores de este blog son suyas y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Internet Society.